La falta de vivienda disponible se ha convertido en uno de los mayores retos sociales y económicos del Levante español. Ciudades como Alicante o Murcia viven una tensión creciente entre la demanda —alimentada por el atractivo turístico, la llegada de nuevos residentes y la inversión extranjera— y una oferta que no crece al mismo ritmo. El resultado es un mercado cada vez más cerrado, precios al alza y una generación joven que ve alejarse la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
El problema no es nuevo, pero se ha agravado en los últimos años. Tras la crisis inmobiliaria de 2008, la construcción se frenó en seco. Muchas promotoras desaparecieron y el suelo finalista escaseó. Hoy, cuando la demanda vuelve a dispararse, el sector se encuentra sin capacidad inmediata de respuesta. A ello se suma un entramado burocrático que ralentiza la concesión de licencias y la tramitación urbanística. En algunos municipios, los plazos pueden superar los dos años, lo que desalienta a los promotores y encarece el producto final.
Otro factor decisivo es el cambio en los hábitos de uso de la vivienda. El auge del alquiler turístico, especialmente en zonas costeras, ha reducido el parque de vivienda disponible para residencia habitual. Mientras tanto, los propietarios prefieren destinar sus inmuebles a alquileres de corta duración, más rentables y con menor riesgo de impago. El resultado es un círculo vicioso: menos oferta estructural, más competencia por cada vivienda y, en consecuencia, precios cada vez más inaccesibles para la población local.
Frente a esta situación, las administraciones han respondido con medidas parciales, muchas veces más ideológicas que efectivas. Limitar los precios del alquiler o gravar las viviendas vacías puede aliviar tensiones a corto plazo, pero no soluciona la raíz del problema: la falta de suelo disponible y de incentivos reales a la promoción de vivienda asequible. El mercado necesita seguridad jurídica, agilidad administrativa y colaboración público-privada. Sin esas condiciones, la oferta seguirá siendo insuficiente y los precios seguirán subiendo.
El Levante, con su dinamismo económico y su atractivo residencial, tiene una oportunidad de liderar un nuevo modelo urbano. Pero eso requiere planificación a largo plazo, una política de suelo coherente y la valentía de simplificar normativas que hoy frenan el desarrollo. La vivienda no puede seguir tratándose solo como un activo financiero o un problema social aislado. Es, ante todo, una infraestructura esencial para el bienestar y la estabilidad de las ciudades.
Rafa